La República Dominicana está viviendo, en estos momentos, episodios históricos; hechos vinculados a la justicia y a la corrupción. La justicia de nuestro país empieza a darse cuenta de que necesariamente tiene que ser coherente con su naturaleza, principios y valores. Tiene cientos de años dispersa y sin reconocimiento de su propia identidad. Ahora la Procuraduría General de la República está dando pasos para recuperar el sentido y la responsabilidad de la justicia. La corrupción, que anda con la mayor libertad por amplios rincones y sectores sociales del país, está encontrando, por fin, una instancia judicial que le está plantando cara. Observamos con frecuencia el desfile de funcionarios de administraciones pasadas y de la actual, que son interrogados por delitos y prácticas corruptas en detrimento del Estado dominicano. Adultos, jóvenes y ancianos se ven envueltos en problemas de corrupción.
La corrupción duele de cualquier persona que la cometa; pero hiere más la dignidad nacional y familiar cuando se evidencia que este virus está inoculado en personas jóvenes. Se vuelve más compleja cuando se manifiesta en adultos cuyos hijos empiezan a imitarlos o a renegar del padre o de la madre que le finge un comportamiento en la casa y otro en la función pública. Muchos hogares viven de forma dramática esta ambigüedad: padres que se mueven en la cultura de la incongruencia, orientan los hijos con una corrección aparente; y fuera del hogar hacen lo contrario de lo que orientaron. Esto mismo pasa con algunos jueces y fiscales. Se comportan con una doble moral; y con esto destruyen su propia dignidad y afectan ética y socialmente a la familia y a la sociedad.
Todos los ciudadanos hemos de superar las prácticas cotidianas relacionadas directamente con la corrupción, pero tenemos que trabajar de manera ardua con la juventud del país. Estas personas requieren atención sistemática para que desarrollen esfuerzos y estrategias que los comprometan con las causas más nobles y dignificantes. Para avanzar en esta dirección, hemos de promover procesos educativos que ayuden a forjar mentalidades y prácticas alejadas de la corrupción. Ha de ser una educación que libere del deber ser y recupere el valor de la responsabilidad personal y social; y la importancia de un pensamiento lúcido para buscar y hacer el bien. Un bien que ha de fortalecer a la persona y a la sociedad.
El país ha de superar la educación que acentúa reglas y margina la creatividad. Se ha de avanzar hacia una educación que proponga valores; y eduque en y para la libertad. Los jóvenes demandan una educación que encauce la vitalidad y la energía que poseen. Por la crisis familiar, social y de la educación, muchos jóvenes están afectados por la desorientación y la vida fácil. El Estado, el Sistema Educativo Dominicano y la sociedad han de priorizar las necesidades y los problemas de los jóvenes. Estas prioridades no solo responden a un sector de la población, sino que forman parte del presente y del futuro de la nación. El currículo dominicano ha de actualizarse para que introduzca conceptos, competencias y estrategias que orienten a los jóvenes sobre las implicaciones de un comportamiento ético y productivo a favor de sí mismo y de la sociedad. Ha de ser un currículo que les permita a los jóvenes y a su entorno una comprensión reflexiva y situada de los problemas que aquejan al país y del compromiso de cada ciudadano para aportar a la búsqueda de soluciones, acompañado de una vida íntegra. La corrupción no puede continuar encontrando terreno abierto en los jóvenes. Este es un desafío relevante, también, para el Ministerio de la Juventud. Sus políticas han de ponerle atención a la corrupción en el ámbito de los jóvenes. Trabajar en esta dirección contribuye a la previsión y a la optimización de la calidad e integridad de vida de los jóvenes y de la organización social. La prevención de la corrupción en los jóvenes no es tarea opcional, es tarea que obliga al Estado dominicano, a las familias y a la sociedad en general.
